Tras denuncia de supuesta trama contra caso Coral, defensa de Adán Cáceres anuncia apelación de medida de coerción

  • Defensa de Adán Cáceres afirma harán colapsar el caso Coral por violación de derechos
  • Depositaron un recurso de apelación para buscar la libertad del mayor general

Los abogados del mayor general Adán Cáceres advirtieron este lunes que harán colapsar la Operación Coral, debido a las supuestas violaciones de los derechos de este imputado por corrupción.

El abogado Romer Jiménez, en calidad de vocero de la barra de defensa de Cáceres, consideró que la lucha contra la corrupción quedará descalificada por los desconocimiento de derechos a los acusados.

El anuncio ocurre luego de que la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, revelara que en los últimos días el Ministerio Público detectó acciones que comprometían la seguridad de las diligencias realizadas en el contexto de la Operación Coral. En el mismo fin de semana destacados periodistas denunciafon una alegada trama contra Yeni Berenice Reynoso.

Consideró que la prisión contra su cliente es irregular y adelantó que recurrieron en apelación en busca de la libertad de Adán Cáceres.

Los abogados de Cáceres explicaron que Adán Cáceres ofreció documentos que prueban el origen de su patrimonio y el Ministerio Público rechazó recibirlos.

Calificaron de absurdo que el Ministerio Público afirmara que el resultado del desfalco al Estado Dominicano fue supuestamente cometido por Adán Cáceres mientras fungió como jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) en el período 2012-2020, por la suma tres mil millones de pesos.

Expresaron que se percibe que la solicitud de medida de coerción fue elaborada sin ningún rigor, pero sí con la intención de explotar el sensacionalismo, puesto que deja de lado el hecho cierto y comprobable de que esos recursos representan la totalidad de los fondos asignados al Cusep en los 8 años investigados.

Sostuvieron que el Ministerio Público requirió al señor Cáceres para comparecer ante la Pepca y ser cuestionado sobre su patrimonio, respondiendo este a todas las preguntas que les formularon Yeni Berenice y Wilson Camacho.

«No hubo en esas entrevistas una sola cuestión que no fuera claramente explicada», dijeron.

La Defensa de Adán Cáceres destacó que durante los interrogatorios no se produjo ninguna interrupción por parte de los abogados que les acompañaban, pues él afirmó que más que estar en disposición de responder sin reservas, estaba en la obligación de hacerlo.

Precisaron que todo el tiempo su defendido manifestó que no tenía razones para ocultar nada y que podía explicar cualquier duda que existiere en torno al hecho de que se le acusaba.

Indicaron que no obstante la colaboración que prestó el señor Adán Cáceres en las investigaciones y las satisfactorias explicaciones reconocidas por los miembros del MP que lo cuestionaban, unas horas después de iniciada la segunda entrevista, este fue detenido en el propio despacho de Yeni Berenice.

Dijeron que para detener a su cliente se utilizó un escandaloso aparataje militar de fuerzas especiales.

Agregaron que para su detención se invocó la existencia de una orden de arresto que nunca fue entregada ni al detenido ni a sus representantes legales presentes, en desconocimiento y violación a lo previsto por la ley.

Señalaron que allí se iniciaron las violaciones al debido proceso contra el ciudadano Adán Cáceres.

Revelaron que el señor Adán Cáceres no tuvo más contacto con sus abogados, en franca violación a la ley que dispone que desde el primer momento de su detención una persona tiene derecho a ser asistido por un abogado de su elección.

Manifestaron que solo hasta días después, luego de mucho insistir, los abogados del señor Cáceres pudieron verlo y conversar con él, aunque sin la estricta confidencialidad que establece la ley, sino con la permanente presencia de personal adscrito a la fiscalía.

Denunciaron que la limitación de los derechos del señor Adán Cáceres de reunirse con sus abogados le impidió analizar los cientos de documentos entregados de manera digital por el MP como supuestas pruebas, y preparar los medios de defensa frente a la medida de coerción solicitada en su contra.